El Consejo Asesor es de algún modo, aunque no exactamente, el Poder Legislativo, la cámara de representantes que tiene el INCAA como instrumento para consensuar políticas entre los diversos sectores de la actividad de cine de Argentina. Así es como quienes redactaron la Ley de Cine imaginaron que podía llevarse adelante una política que no fuera potestad sólo de quien ejerciera el cargo de presidente o director del organismo, sino que estuviera contenida en una suerte de colegio formado por representantes del sector de directores, productores, actores, técnicos y de las Provincias de todo el país.
Hoy, a quince años de su promulgación, resultan muy discutibles las tergiversaciones a la ley, de la que se ha abusado a la hora de conformar comités y jurados, llenándolos de gente legitimada no por su capacidad o trayectoria sino por su pertenencia a tal o cual asociación. Esto hizo que, a lo largo de los años, la decisión que recae sobre cuáles proyectos elegir y cuáles no, estuviera en manos de muchos personajes impresentables de los tantos que pueblan la comunidad cinematográfica local. Del mismo modo, la proliferación de asociaciones relativas al cine inscriptas en la Inspección General de Justicia sólo para sacar provecho de este sentido corporativista de la ley resulta ridícula y escandalosa.
Pero más allá de todo esto, es importante aclarar que la existencia de un Consejo Asesor resulta inobjetable y nos recuerda o debería recordarnos que los cargos, y más aún los ejecutivos, no son propiedad de quienes los ocupan.
Desafortunadamente las consecutivas gestiones al frente del INCAA nos han demostrado todo lo contrario. Quienes ocuparon la silla máxima de Lima 319 desde la promulgación de la Ley de Cine en 1994, salvo alguna que otra excepción, han actuado sin el menor control en sus decisiones tanto políticas como financieras y todos se han creído dueños de la política cinematográfica local, tentados casi siempre por el criterio autoritario en el ejercicio del poder, ya sea bajo la forma del corporativismo, ya sea bajo la del amiguismo. Fueron escasos los momentos en los que los sucesivos directores del Incaa tuvieron la honestidad de acatar la ley en su plenitud, en donde por ejemplo demostraran hacer lo imposible por convocar al Consejo Asesor. Las razones pueden ser múltiples; la que se evidencia a primera vista es la de evitar cualquier atisbo de veto o control a la propia gestión. Hoy llega la noticia de que Liliana Mazure convoca a los sectores para conformar el postergado Consejo.
Tres de las cuatro entidades que nuclean a los directores cinematográficos han propuesto ya su tándem de candidatos. La DAC, la AADC y la DIC han acordado entre sí e intentan imponer las candidaturas de Javier Torre y de Ricardo Wullicher. Este acuerdo deja de lado a la cuarta entidad en cuestión, el Proyecto Cine Independiente (PCI), asociación que reúne a 53 directores de cine independiente, en plena actividad, y que como tal representa a un importante sector de la cinematografía argentina.
Más allá de la metodología con la que estas tres entidades han decidido las candidaturas, resulta muy cuestionable la representatividad de quienes han sido propuestos.
La búsqueda de poder para beneficio personal no está exenta en el mundillo de la politiquería cinematográfica y pareciera ser la regla general que ampara cada músculo del estado político del cine. Quienes representen al menos a los directores dentro del Consejo Asesor deberían estar alejados de las prácticas viciadas que han contaminado el vínculo entre los fondos públicos y la comunidad cinematográfica durante tantos años.
Hoy la realidad en el campo cinematográfico se nutre de una transformación tecnológica que atañe tanto a la realización, como a la producción y a la comercialización de las películas. Por otra parte, desde la creación de la ley, hemos asistido a una renovación generacional vital e innegable para el cine nacional de los últimos 10 años. Ahora estamos observando la aparición de una segunda y novísima generación, excluida ya totalmente del apoyo estatal proveniente del INCAA. La legislación cinematográfica debe adecuarse a esta realidad. Pero la DAC, AADC y DIC parecieran desconocer estas circunstancias. Este hecho demuestra el estado crítico por el que atraviesa hoy la política cinematográfica nacional: antidemocrática y vetusta.
La deuda en materia de política de cine es enorme como para no pelear por el derecho de tener representantes en el Consejo Asesor representativos, honestos e inobjetables. La Ley de Cine obliga a las entidades legalmente constituidas a consensuar los representantes de cada sector. La actitud de estas tres entidades, negando el lugar que representa el PCI, ha impedido que el Consejo Asesor finalmente se forme.
En función de esto, hemos rechazado la propuesta de las otras tres asociaciones de directores y hemos solicitado a las autoridades del INCAA una urgente reglamentación del Artículo 2 de la Ley de Cine, sin la cual pareciera que se hacen inviables los acuerdos entre las entidades de directores y productores para designar miembros del Consejo Asesor que representen cabalmente a los respectivos sectores. El citado artículo dice expresamente que “si existiese en un mismo sector más de una entidad con personería jurídica o gremial, dicha propuesta será resuelta en forma conjunta, quedando vacante el lugar respectivo hasta tanto no se produzca el acuerdo entre ellas.” Más allá de esto, entendemos que el INCAA puede y debe plantear reglas e instrumentos para determinar la representatividad que las asociaciones tienen de la actividad productiva cinematográfica. La Presidenta del INCAA nos ha informado sobre la pronta implementación de un padrón de directores y productores y la invitación a presentar propuestas para la reglamentación del Artículo 2 de la Ley. Estos podrían constituir los primeros pasos para medir la verdadera representación de las entidades de cada sector y para encontrar una solución a este problema. Esperemos que se den todos los demás pasos necesarios.
Es necesario como nunca antes animarse a realizar un cambio drástico.
